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La patronal CEOE prevé formalizar el próximo martes 5 de noviembre su rechazo a la última oferta efectuada por el Ministerio de Trabajo para reducir por ley la jornada laboral. Los empresarios han convocado a su comité ejecutivo para escenificar su rechazo a una norma que, según han ido defendiendo durante los casi 11 meses que llevan negociando, invade las competencias de la negociación colectiva. «La cosa no da más de sí», afirma un dirigente consultado por este medio. Desde la patronal fían el fracaso de la ley a la falta de una mayoría clara en el Congreso para validarla.
El pasado martes 29 de octubre el Ministerio de Trabajo presentó a los agentes sociales su última oferta para tratar de cerrar ya la negociación y remitirla a la nueva fase: el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lanzó un ‘all in’ y puso encima de la mesa un paquete de ayudas de entre 350 y 375 millones de euros para aliviar a las micro empresas en esa reducción del tiempo de trabajo de sus empleados.
El plan de acompañamiento incluye, entre otros, subvenciones directas de hasta 6.000 euros para cada empresa de menos de cinco empleados que se dedique a la hostelería, el comercio, la agricultura, las peluquerías o la limpieza. Y que no contentó a los patronos. Su presidente, Antonio Garamendi, lo tildó de «paraguas» más que «paracaídas» para que las «pymes se tiren de un barranco».
Trabajo les dio a los agentes sociales un plazo de dos semanas para pronunciarse sobre el mismo. Los sindicatos hace meses que están ya dentro del acuerdo y la patronal no ha llegado a entrar nunca, recelando en todo momento e invocando que las intenciones del Gobierno constituyen una invasión de la autonomía de la negociación colectiva. Los patronos no agotarán ese plazo de dos semanas y el próximo martes 5 de noviembre, salvo giro de guion inesperado, formalizarán su ‘no’. «El rechazo será unánime», aventura otra fuente empresarial consultada.
«¿Cuántos van ya de ultimátums? ¿Tres? ¿A la tercera va la vencida?», ironizó Garamendi, este pasado miércoles en un acto. «Ya no se como explicarlo. Que se respete los artículos 7 y 37 de la Constitución española, que hablan de la negociación colectiva. […] Es sorprendente que no se quiera respetar la vigencia de los convenios. Es intervencionismo en estado puro«, añadió.
Pensando ya en el Congreso
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, no lo verbalizó públicamente tras la reunión del pasado martes, pero tampoco pudo evitar evidenciar las escasas esperanzas que tienen en el Ministerio de que la patronal se sume al acuerdo. «[Las propuestas de la patronal] hemos tenido que adivinarlas más que escucharlas. […] Parece un debate de los años 80», se quejó el ‘número 2’ de Yolanda Díaz.
Los sindicatos ocultan menos sus expectativas y ya maniobran en clave parlamentaria y para sumar las mayorías suficientes para que la ley prospere en el Congreso. UGT anunció este pasado miércoles que está coordinándose con CCOO para organizar una ronda de entrevistas con los máximos representantes políticos para tratar de convencerles de que voten ‘sí’ a la norma. Pepe Álvarez avanzó su intención de ir a Waterloo para reunirse allí con Carles Puigdemont, recién elegido presidente de Junts, para atraer a los posconvergentes al acuerdo. Sus votos son claves y hasta ahora han mostrado claros recelos -aunque no un ‘no’ explícito- a la norma.
Foment del Treball tratará hacer valer los históricos vínculos del espacio de la antigua Convergència i Unió con ellos y mantenerlos en el ‘no’. De ser así y PP y Vox votar también en contra de la medida, la ley para la reducción de jornada laboral a las 37,5 horas semanales no obtendría los votos suficientes para salir adelante.