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La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha respaldado la negativa del juez Santiago Pedraz de imputar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por la supuesta investigación parapolicial contra Podemos y sus dirigentes, según especifica un auto de 31 de julio, al que ha tenido acceso esta redacción.
Los magistrados Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Ana María Rubio rechazan imputarle, de acuerdo con la decisión del instructor, que también se había negado a investigar en esta causa al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, y a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Bonifacio Díez Sevillano, José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez López y Mariano Hervás.
El procedimiento se inició cuando Santiago Pedraz admitió a trámite una querella en la que Podemos reclamaba la imputación del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino; y de los comisarios Andrés Gómez Gordo, Enrique García Castaño y Germán Rodríguez Castiñeira; así como del inspector jefe de Policía José Ángel Fuentes Gago.
Delito contra la inviolabilidad
A todos ellos les imputa el juez un delito contra la inviolabilidad de las Cortes Generales. Sin embargo, Santiago Pedraz rechazó investigar a los jefes de los querellados: el exministro Fernández Díaz y el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.
Los magistrados de la Sala de lo Penal consideran «procedente» excluir de la investigación inicial los hechos denunciados por Podemos que no afectan a los miembros del Parlamento. Así, consideran que no está justificado que la Audiencia Nacional investigue de forma conjunta «un presunto delito contra la inviolabilidad de las Cortes con unos presuntos delitos de revelación de secretos y de malversación de caudales públicos cometidos para desprestigiar ante la opinión pública a un partido político», en referencia a Podemos.
Querella de Podemos
Tal y como adelantó este periódico, la Audiencia Nacional desestimó un recurso del ex secretario de Estado de Seguridad contra la causa abierta por el juez Santiago Pedraz para investigar la querella de Podemos por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre determinadas personas que conformaban aquella organización política.
En su recurso, Martínez señalaba que no debía admitirse a trámite la querella al basarse en veintitrés conversaciones mantenidas por WhatsApp que fueron obtenidas en el marco de la causa de la operación Tándem que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y en la que ya se acordó la retirada de esos chats y la prohibición de acceder a ellos.
Según pone de manifiesto un oficio policial de 5 de julio elaborado por la Unidad de Asuntos Internos, la policía del Gobierno de Mariano Rajoy consultó en 2015 y 2016 datos confidenciales en las bases policiales de al menos 55 diputados del Grupo Parlamentario de Podemos y sus confluencias (En Comú Podem, En Marea y Compromís), que llegaron a tener en total 69 representantes en el Congreso.