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El Gobierno denuncia ante la Fiscalía al presidente del Parlament balear por delito de odio

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Los servicios jurídicos del ministerio de Política Territorial han concluido que procede remitir a la Fiscalía la actuación del presidente de baleares por un presunto delito de odio. Gabriel Le Senne, de Vox, rompió el pasado martes la imagen de Aurora Picornell, una víctima de la guerra civil. Tras estudiar los hechos, a instancias del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el informe concluye que podría constituir un posible delito de odio por el que ya se ha trasladado el asunto al ministerio fiscal desde el Gobierno.

Al margen de la denuncia, el Ejecutivo va a estudiar la posibilidad de establecer sanciones en base a la ley de memoria democrática. Asimismo, el grupo socialista en el Parlamento de Baleares no descarta presentar una reprobación al presidente de la Cámara o, incluso, solicitar a la Mesa una sanción. Los socialistas acusan al PP de tibieza a la hora de reprobar a sus socios en el Parlament.

A través de un comunicado de la Cámara, Le Senne excusó este miércoles su manera de proceder violenta poniendo el foco en la «actitud provocadora» de Mercedes Garrido y Pilar Costa, las diputadas socialistas que portaban los retratos de las mujeres asesinadas por el franquismo y que finalmente fueron expulsadas del pleno.

«Ejercicio de sus funciones»

«Garrido y Costa exhibieron carteles claramente partidistas en la Mesa. No es posible censurar la actuación del presidente, sin antes censurar la actitud previa provocadora de la vicepresidente y secretaria segundas del Parlament», reza el comunicado. En este sentido, el ultraconservador detalla que «es inaceptable que los miembros de la propia Mesa, que deben dar ejemplo de buen comportamiento, no sólo sean quienes perturben el orden, sino que además se nieguen a acatar las decisiones de la Presidencia en el ejercicio de sus funciones».

El Gobierno ya ha amenazado al gobierno de baleares con llevar al Tribunal Constitucional la ley de concordia que pretende tramitar para derogar la ley de memoria democrática. Seguiría así los mismos pasos que con el Gobierno de Aragón, apoyándose en los informes de tres relatores de la ONU que consideran estas modificaciones legislativas contrarias a los convenios internacionales firmados por España en materia de derechos humanos.

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