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Vicentin le pidió a la Corte de Santa Fe que el concurso de acreedores vuelva al juzgado de primera instancia

En noviembre, el tribunal supremo provincial rechazó el avocamiento que aceptó analizar en junio. Desde entonces, el caso está paralizado.

La agroexportadora Vicentin solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la devolución del concurso de acreedores al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, “a la mayor brevedad posible”. El expediente está en manos del máximo tribunal provincial dese hace 8 meses, sin avances hacia el pago de la deuda por US$1.350 millones a 1.700 acreedores.

El abogado de Vicentin que hizo la presentación, Maximiliano Toricelli, recordó que las presentes actuaciones tuvieron origen el 16 de junio de 2022, cuando uno de los supuestos acreedores del concurso (Commodities S.A.) efectúa un pedido de avocación a la Corte, al cual se le dio trámite”.

El 29 de noviembre, la propia Corte resolvió desestimar el pedido de avocación, una especie de per saltum que había requerido una de las empresas acreedoras, la corredora Grassi (controlante de Comodities SA) que no aceptó la propuesta de pago efectuada por Vicentin.

Con todo, la agroexportadora en default ya reunió los avales exigidos por la Ley de Concursos y Quiebras (LCYQ) para homologar la propuesta de pago: la mitad más uno de los acreedores y el 66% del capital aceptaron el esquema planteado para saldar la deuda.

En efecto, si se hubieran homologado los avales alcanzados en junio es probable que los acreedores ya habrían cobrado el aporte inicial de US$30.000 para cada firma y algunas de las cuotas posteriores previstas.

Desde Vicentin destacaron que previo al período marcado por la avocación tenían las mayorías requeridas por la LCyQ para declarar la existencia de acuerdo de pago, por lo que aseguraron que “esta situación y el tiempo insumido perjudica a la totalidad de la masa de acreedores, que frente a una eventual homologación difirieron en el tiempo los recuperos aceptados”.

Lo curioso es que si bien la Corte ya falló en el sentido de que las actuaciones vuelvan al juzgado de origen, esa decisión no ha sido efectivizada por el propio tribunal.

En la presentación de Vicentin de este miércoles, se destaca que “el expediente concursal se encuentra paralizado desde junio de 2022, consecuencia de un requerimiento totalmente improcedente, efectuado además por quien tenía una notable carencia de legitimación activa, y ocultó esa condición tanto a este Tribunal, como a otros tribunales actuantes”.

Así Toricelli se refiere al “supuesto acreedor” en alusión a que la firma que hizo la presentación del avocamiento, Comodities SA, habría cedido su acreencia entre los socios y por lo tanto ya no sería acreedora. Y por ese motivo no podría participar en este expediente, porque la deuda a favor de esa empresa se derivó a otras firmas.

Luego remarca que “la paralización del proceso concursal genera una serie de inconvenientes que no solo perjudica a la empresa, sino a los acreedores”.

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Y pone en consideración que “a la fecha de suspensión de los plazos existían presentaciones realizadas por el directorio de Vicentín a fin de llevar adelante actividades propias de la empresa cuya ejecución requería autorización judicial (por ejemplo, reestructuraciones de créditos tomados en cuenta en el flujo, aplicaciones de activos a cancelaciones de préstamos privilegiados, etc), las cuales, pese al tiempo transcurrido, continúan pendientes”.

Asimismo, en la presentación judicial se puntualiza que el 31 de diciembre de 2022 vencieron los fazones de soja acordados con Molinos Agro S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en octubre de 2021.

Y se advierte que “en este escenario de incertidumbre resulta muy difícil para la dirección de la compañía conseguir trabajo para las plantas más allá de negocios spot. Los tomadores de fazón requieren certidumbre para armar sus programas logísticos de aprovisionamiento, producción y venta, que esta situación de indefinición impide consolidar”.

Jorge Barraguirre, prrocurador de Santa Fe, que recomendó a la Corte desestimar el pedio de avocamiento.

En particular, se indicó que “para la planta de Ricardone, especializada en la elaboración de aceite de girasol, se consiguieron contratos que permitieron ponerla en marcha a partir de enero de 2023, pero resulta muy dificultoso conseguir nuevos negocios en este escenario de incertidumbre”.

Y consideraron que una situación similar se da con la planta de bioetanol, “en un momento en que el negocio tiene perspectivas bastante interesantes”.

Finalmente, en virtud de lo expuesto, solicitaron que “en forma inmediata” se remitan las actuaciones del expediente principal al juez natural del concurso, “como se encuentra ordenado, a fin de que continúe con la tramitación del mismo”.

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