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El Gobierno readecúa el Presupuesto y destina $ 1.200 millones al salvataje de SanCor

El Gobierno modificó una vez más el Presupuesto mediante una Decisión Administrativa. En esa readecuación de los gastos, que no tendrá impacto en el resultado fiscal, sobresale un aporte de $ 1.200 millones que tiene como destino sostener a la alicaída láctea SanCor, que atraviesa problemas financieros.

La decisión administrativa 54/2023, que se publicó en el Boletín Oficial, también incrementa partidas para pagar el bono de $ 10.000 a los jubilados y para las universidades públicas,

La norma aumentó en $ 1.200 millones el presupuesto del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que depende de Jefatura de Gabinete, y tiene como fin “atender las transferencias a cooperativas agropecuarias destinadas al Fideicomiso Financiero de Administración Reestructuración SanCor, creado a los efectos de abordar la situación de gravedad institucional de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, para brindar asistencia financiera destinada a la adquisición de leche, insumos y servicios productivos”, sostiene la Resolución.

A fin de año, Sancor había explicado que habían comenzado a trabajar con el Gobierno en un plan que le permita a la cooperativa acelerar la cobranza de créditos pendientes a fin de que, junto a otros aportes, la empresa tenga previsibilidad mientras se logra incorporar recursos destinados a la inversión y a la potenciación del negocio.

La situación compleja en SanCor viene de hace tiempo. “En marzo de 2020 la cooperativa presentó al gobierno nacional un Plan de Reestructuración que contemplaba la creación de un fideicomiso que conformaría con algunos acreedores financieros; estructura que permitiría la sustentabilidad de la cooperativa a largo plazo. Dicho plan, fue evaluado y considerado razonable y factible por una consultora independiente designada por el Estado”, repasó la empresa en esa carta.

Ese plan quedó en manos del Ministerio de la Producción y en mayo de 2021, según informó SanCor, “el planteo del ministro Matías Kulfas fue que el fideicomiso, con algunas modificaciones, debía ser administrado por un grupo empresario, y a partir de esa definición, se envió toda la información que dicho grupo solicitó, y se los contactó con Atilra (el gremio)”.

En octubre de 2021, el grupo empresario presentó al gobierno nacional su plan y el nuevo formato del fideicomiso, junto a Atilra, indicando que el proyecto requería fondos por U$S 60 millones.

Según informaron, el grupo empresario desarrolló un Fideicomiso de Administración cuyo contrato fue firmado en diciembre de 2021 que requería dos condiciones para entrar en vigencia: ser aprobado por la Asamblea de SanCor y el ingreso de los U$S 60 millones comprometidos. En enero de 2022 la Asamblea de la cooperativa aprobó por unanimidad ese contrato pero la incorporación de los fondos todavía está pendiente.

“Luego de realizada la Asamblea se determinó que debían contribuir en el fideicomiso -además del Estado Nacional- capitales privados, motivo por el cual debía conformarse un nuevo fideicomiso, el que sería financiero a los efectos de que pueda realizar oferta pública”, detalló SanCor.

Esta situación dilató las cosas y no hubo definición durante el primer semestre del año. Ahora con fondos oficiales a disposición, la firma podría encaminarse.

Los otros gastos

La Jefatura de Gabinete también absorbió $ 1.311 millones para gastos del programa Gobierno Abierto y País Digital; $ 426 millones para el programa Innovación Administrativa y $ 952 millones para Conectividad, Inclusión Digital y Formulación de Políticas de TICs.

En tanto, desde el Ministerio de Economía se amplió el presupuesto en $ 323 millones para gastos de capital de equipos varios, en este caso, para “reforzar los créditos” destinados a la adquisición de la aeronave Short Skyvan N80GB, utilizados para los vuelos de la muerte de Prefectura en la última dictadura militar, el cual se incorporará al Museo Esma.

Desde el Palacio de Hacienda también se dispuso una serie de transferencias a municipios y provincias: $ 2.400 millones para un programa de Fomento al Desarrollo Tecnológico, otros $ 2.400 millones para políticas de Comercio Interior, y otros $ 2.400 millones para instrumentar el Programa de Capacitación Local en Ahorro de Energía, Economía Circular e Inclusión Financiera oficializado este mes.

Por otra parte, se autorizó un incremento del presupuesto del Ministerio de Educación en $ 14.025 millones para atender gastos de funcionamientos vinculados con las Universidades Nacionales.

Las universidades que lideran estas transferencias son las de Buenos Aires (UBA) con $ 1.150 millones, Lomas de Zamora con $ 580 millones, San Martín (Unsam) $ 550 millones; y las de Córdoba (UNC), Tecnológica Nacional (UTN) y Hurlingham (UNH), cada una con $ 500 millones.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo estableció un incremento del presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de $ 23.053 millones para el pago del bono extraordinario de $ 10.000 que se abona entre diciembre y febrero próximo para los titulares de prestaciones contributivas y pensiones no contributivas.

Un monto de la misma cantidad fue destinado por la Secretaría General de Presidencia a la Agencia Nacional de Discapacidad para el pago de dicho subsidio extraordinario.

La modificación de hoy también adecua los gastos presupuestarios incluidos en la partida de “Obligaciones a Cargo del Tesoro” para destinarlos a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), con un incremento del presupuesto de $ 4.500 millones para esa firma.

Por último se dispuso una transferencia de $ 86.500 millones desde las partidas de prestaciones previsionales de la Anses, las cuales fueron reasignadas a las correspondientes a las de ayudas sociales y asignaciones familiares.

Tanto los fondos destinados al Ministerio de Economía, como los del bono extraordinario de la Anses, las universidades públicas y el Inaes fueron solventados a través de una transferencia de $ 50.301 millones de la partida 91 “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, destinada a brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privados, y gastos que no pueden ser asignados a ninguna entidad de la Administración Pública.

Con información de Télam

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